El conflicto del canal de Panamá

El conflicto del Canal de Panamá entra en una fase de entendimiento. Después de que el Presidente de Panamá, Ricardo Martinelli, a dejado claro que esto no es un problema diplomático entre los estados de Panamá y España, sino entre empresas comerciales, el gobierno español ha tomado cartas en el asunto para intentar ayudar a resolver el problema entre el consorcio del canal y el consorcio de empresas adjudicataria de las obras, liderada por la española Sacyr, conjuntamente con la italiana Impregilo, la belga Jan de Nul y la panameña Cusa.

En este sentido tiene prevista la visita  y posterior reunión la próxima semana, la ministro de fomento de España, Ana Pastor con el presidente de Panamá Ricardo Martinelli y con los máximos responsables de ambas compañías, el presidente de Sacyr y el gerente de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP). La ACP, ha manifestado este sábado que el grupo de empresas encargadas de la construcción del canal, liderado por José Peláez ha dispuesto de 14 meses para contemplar con tranquilidad todas las adversidades que podría llevar consigo la realización de dicha obra.


El consorcio liderado por Sacyr obtuvo en julio de 2009 la adjudicación del proyecto con un coste de 3.120 millones de dólares, una cifra notablemente inferior al coste que habían considerado los otros dos grandes competidores en la puja. La ampliación de este canal supone una de las principales y más transitadas vías marítimas del mundo, por la que circula el cinco por ciento todo el comercio mundial. El GUPC, encargado de dicha realización, amenazó el pasado 1 de enero con suspender las obras a causa de los costes adicionales que implica el proyecto y dio un ultimátum a la ACP de 21 días, para que cumpla con los sobrecostes que lleva implícita la obra.